Cómo detectar Personas Expuestas Políticamente (PEP) en procesos de onboarding digital

Un conflicto de interés ocurre cuando una persona —ya sea un directivo, funcionario público, colaborador de empresa o proveedor externo— enfrenta una situación en la que sus intereses personales, familiares o económicos pueden interferir con su deber de actuar de manera objetiva y en beneficio de la organización, cliente o proyecto.

Un conflicto de interés no siempre implica un acto ilegal, pero sí genera un riesgo para la confianza, la transparencia y la reputación empresarial.
La clave está en identificarlo, declararlo y gestionarlo de forma adecuada.

Tipos de conflictos de interés

• Directos: cuando existe participación económica en una empresa proveedora, beneficios personales por un contrato o inversiones propias que se ven afectadas por la decisión que debe tomar.
• Indirectos: cuando el conflicto surge de un vínculo familiar o de una relación previa con quienes intervienen en un negocio.
  En Chile, la normativa suele reconocer hasta el 2º o 3º grado de parentesco, aunque también se recomienda aplicar criterio frente a relaciones no filiales.

Casos de conflictos de interés en Chile y el extranjero

Los conflictos pueden darse tanto en el sector público como privado:

• Sector público: en 2025, se investigó al director del Servicio de Salud Concepción por supuestos vínculos con empresas proveedoras de capacitación.
• Sector privado: en distintos países, se cuestionó a miembros de juntas de bancos que también formaban parte de directorios de clientes, lo que podía influir en condiciones de financiamiento.
• Sector mixto: en 2025, se debatió la participación de un miembro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile que también integraba el directorio de una AFP.

Estos casos ilustran cómo los conflictos de interés pueden surgir en decisiones estratégicas de alto impacto, pero también en contratos menores o en la operación diaria.

Cómo gestionar y notificar conflictos de interés

Las buenas prácticas de gobierno corporativo y compliance recomiendan:

• Declarar por escrito cualquier interés personal o económico que pueda afectar la objetividad.
• Inhibirse de participar en la decisión o gestión relacionada si el conflicto es relevante.
• Registrar en actas o contratos la declaración y las medidas adoptadas.
• Implementar políticas internas: códigos de ética, manuales de compliance y protocolos claros.
• Comunicar externamente, en casos de alta exposición o ante reguladores, para reforzar la transparencia.
• Revisar periódicamente las políticas y capacitar equipos en riesgos de conflictos, especialmente en áreas sensibles como finanzas, contrataciones, fintech o cadena de suministro.

Marco normativo en Chile sobre conflictos de interés

• Sector público:
  • Ley 20.880 sobre probidad pública.
  • Ley 18.575.
  • Estatuto Administrativo (DFL N°29).
    Estas establecen la obligación de declarar intereses y abstenerse cuando corresponda.
• Sector privado:
  • Mercado financiero: el DL 3.500 exige a las AFP contar con políticas públicas de conflictos de interés.
  • Laboral y seguridad social: la SUSESO promueve códigos de ética y obligaciones frente a conflictos.
  • Empresas privadas en general: muchas adoptan estándares internacionales como OCDE, ISO 37001 (anticorrupción) y buenas prácticas de gobierno corporativo.

Para pensar

Los conflictos de interés son inevitables, pero gestionables.
Lo importante no es ocultarlos, sino reconocerlos, declararlos y resolverlos con transparencia.

Una empresa que cuenta con protocolos claros no solo protege su reputación y reduce riesgos legales, sino que también fortalece su credibilidad frente a inversionistas, clientes, reguladores y colaboradores.

En definitiva, la gestión de conflictos de interés es un signo de madurez organizacional y un factor clave para la confianza sostenible en el tiempo.