Integración de normativas internacionales: cómo las empresas chilenas se adaptan a estándares globales
Hugo Valenzuela
Integración de normativas internacionales: cómo las empresas chilenas se adaptan a estándares globales
En los últimos años, las empresas chilenas han comenzado a moverse en un terreno regulatorio cada vez más complejo, donde las exigencias locales se entrelazan con los estándares internacionales. Las fronteras ya no marcan los límites del cumplimiento: las cadenas de suministro, los flujos financieros y los datos circulan en entornos globales, obligando a las organizaciones a integrar modelos normativos como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las normas ESG (Environmental, Social and Governance) y las nuevas regulaciones sobre datos personales y ciberseguridad.
Esta integración no es solo técnica, sino cultural, por lo tanto pasa a ser estratégico. Supone que las empresas pasen de cumplir por obligación a hacerlo por convicción, comprendiendo que la transparencia, la trazabilidad y la ética son activos estratégicos que fortalecen la confianza y la reputación.
Adaptación al estándar GAFI y la gobernanza financiera
Desde la entrada de Chile al GAFILAT, las empresas locales —especialmente del sector financiero y fintech— han debido reforzar sus programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). Esto ha implicado adoptar políticas basadas en riesgo, segmentar clientes y reportar operaciones sospechosas conforme a las directrices de la UAF (Unidad de Análisis Financiero).
El GAFI promueve además la “cultura de cumplimiento” como parte de la gobernanza corporativa. Así, las organizaciones más avanzadas ya no entienden el cumplimiento solo como un requisito legal, sino como un componente del modelo de negocio.
ESG y la mirada de sostenibilidad
Paralelamente, las tendencias ESG se consolidan como marco de referencia global. La Bolsa de Santiago y la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) han impulsado reportes de sostenibilidad alineados con estándares como los del Global Reporting Initiative (GRI) o el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Empresas como Codelco, Aguas Andinas o Enel Chile ya han integrado métricas ambientales y sociales en sus informes financieros, incorporando la sostenibilidad como parte de su accountability (O'Donnell, 2001). Este movimiento responde a un fenómeno global: los inversionistas valoran no solo el retorno económico, sino también la gestión ética y la huella social.
Nuevos marcos: protección de datos y ciberseguridad
En este escenario, Chile se encamina hacia una modernización normativa clave. En diciembre de 2024 se promulgó la Ley N° 21.719 sobre Protección y Tratamiento de Datos Personales, que entra en vigencia en diciembre del 2026, reemplazando a la antigua Ley 19.628, y además se crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Inspirada directamente en el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, introduce derechos como la portabilidad, rectificación y supresión de datos, junto con multas de hasta 20.000 UTM (aprox. US$ 1,4 millones).
De acuerdo con Emol (2025), esta ley “marca un hito para las relaciones digitales en Chile al equiparar las exigencias nacionales con los estándares europeos en privacidad y transparencia”.
A esto se suma la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663), publicada en abril de 2024, que crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y obliga a los operadores de infraestructura crítica a implementar controles, reportar incidentes y adoptar modelos de gobernanza digital. Según Pugh.cl (2024), esta ley “establece las bases para una cultura nacional de seguridad informática, vinculando la protección de datos con la resiliencia operacional”.
Ambas leyes sitúan a Chile en un proceso de convergencia regulatoria con Europa y Norteamérica, donde los principios de privacidad, integridad y gestión del riesgo digital se integran al compliance corporativo. Las empresas que ya operan con clientes europeos, como exportadoras o plataformas tecnológicas, deberán armonizar sus políticas internas con la GDPR, adaptando contratos, avisos de privacidad y mecanismos de consentimiento.
Casos y aprendizajes locales
Varias empresas chilenas han comenzado a incorporar estos estándares internacionales. Banco BCI y Transbank, por ejemplo, han desarrollado programas de cumplimiento que combinan las exigencias UAF con protocolos de ciberseguridad y gestión de datos personales.
En el sector minero, Antofagasta Minerals adoptó políticas ESG basadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y ha implementado auditorías digitales de proveedores para asegurar trazabilidad y transparencia.
Estos casos muestran un punto en común: el cumplimiento normativo ya no se concibe de manera fragmentada. Los equipos legales, financieros y tecnológicos deben actuar de forma coordinada, creando ecosistemas de control y comunicación interna que reduzcan riesgos regulatorios y reputacionales.
La integración como oportunidad
En este contexto, la integración de normativas internacionales no debe verse como una carga, sino como una oportunidad estratégica. Cada vez más, los inversionistas, clientes y organismos de control valoran a las empresas que pueden demostrar cumplimiento transversal: financiero, ambiental y digital.
El desafío es diseñar modelos de compliance integrales capaces de adaptarse a un entorno donde la información, las operaciones y los riesgos son globales.
La convergencia entre ESG, GAFI, la Ley de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad dibuja un nuevo paradigma para el sector empresarial chileno: uno donde la sostenibilidad, la integridad y la protección de la información se vuelven pilares inseparables de la confianza corporativa.