Cómo identificar un PEP en Chile según la ley

La detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP) es fundamental en la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción. En Chile, la regulación se sustenta en la Ley 19.913, la normativa de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y directrices de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), alineadas con los principios del GAFI. En este blog, explicaremos de forma clara y estructurada cómo identificar a una PEP en Chile y por qué esto es clave para las instituciones financieras y empresas sujetas a regulación.

La Ley 19.913, promulgada en 2003, creó la UAF para combatir el lavado de dinero y delitos conexos, incorporando las 40 Recomendaciones del GAFI como estándar internacional (véase en https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=219119) 

Inicialmente, la definición de PEP se limitaba a funcionarios de alta jerarquía, pero con el tiempo se amplió:

1. La Circular 49/2012 de la UAF definió claramente a las PEP como quienes ocupan o hayan ocupado cargos públicos destacados y extendió esta categoría a sus familiares hasta segundo grado y personas con vínculos económicos o de alianza (uaf.cl).
   
   

2. En 2025, la Circular 62/2025 incorporó nuevas figuras públicas –concejales, jueces, delegados presidenciales, contralores regionales– elevando el número de personas sujetas a medidas de diligencia (más de 5.300 nuevos cargos) (véase https://www.uaf.cl/es-cl/normativa/circulares-uaf).
   
   

Este desarrollo muestra que, con el tiempo, el concepto se ha expandido para abordar los riesgos crecientes de la corrupción en distintos niveles de poder político.

El GAFI explica que las PEP pueden estar involucradas en sobornos y corrupción, debido a su proximidad al poder. En Chile, la UAF especifica que quienes ocupan estos cargos deben ser identificados y sometidos a un régimen de diligencia reforzada durante y después del ejercicio del cargo (https://www.uaf.cl/es-cl/). 

Es obligatorio:

• Identificar la condición de PEP desde el momento del registro y en cada actualización.
  
  

• Evaluar la originación de fondos vinculada a su actividad pública.
  
  

• Obtener aprobación de la alta dirección antes de establecer relaciones.
  
  

Estas medidas están orientadas a limitar potenciales colusiones, enriquecimientos ilícitos o conflictos de interés. El deber de cuidado sobre estas personas no termina al iniciarse la relación, sino que debe mantenerse activo durante su vínculo con la organización.

Las instituciones sujetas al control del SII y la CMF, tales como: bancos, corredoras, seguros, fintech, deben adoptar medidas concretas:

1. Política interna: incluir definición de PEP, procedimientos, responsabilidades y criterios de riesgo.
   
   

2. Debida diligencia reforzada, que implica:
   
   

   • Análisis del patrimonio y fuente de fondos.
     
     

   • Verificación del perfil político y registros públicos.
     
     

   • Supervisión intensiva de movimientos inusuales.
     
     

   • Aprobación expresa de un comité o gerencia antes del vínculo comercial.
     
     

3. Monitoreo continuo que permita detectar cambios de cargo o comportamiento.
   
   

4. Registro de operaciones PEP, su evaluación y comunicaciones al directorio según normativa (Cap. 1‑16 CMF, vease en https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-article-28901.html).
   
   

5. Reportes a la UAF en caso de sospechas o incumplimientos, especialmente si no se obtiene información completa de beneficiarios finales.
   
   

¿Cómo lo debemos hacer?

a) Registro

• Solicitar información del cargo actual y así comprobar si corresponde a los listados oficiales de PEP.
  
  

• Verificar la presencia en cargos incluidos en las Circulares 49 y 62.
  
  

b) Detección automática.

• Aplicar tecnología como por ejemplo la Check Auditor para cruzar datos con fuentes oficiales y cumplir con la ley.
  
  

• Analizar parentescos legales y vínculos económicos.
  
  

c) Evaluación de riesgo.

• Revisar procedencia de fondos, patrimonio y cualquier vínculo económico con el Estado.
  
  

• Evaluar si existen actividades públicas recientes o actuales.
  
  

d) Aprobación interna.

• Expediente con antecedentes completos presentado a la alta gerencia.
  
  

• Autorización para iniciar o mantener la relación comercial.
  
  

e) Seguimiento.

• Actualizar información periódicamente.
  
  

• Repetir el proceso de verificación al ocurrir cambios en el cliente o cargo.
  
  

f) Documentación y auditoría.

• Archivar toda la información y comunicaciones por al menos 5 años.
  
  

• Diseñar auditorías internas o externas para revisar cumplimiento normativo.
  
  

Una correcta identificación y monitoreo de Personas Expuestas Políticamente (PEP) no solo cumple con obligaciones regulatorias, sino que también ofrece múltiples beneficios estratégicos para cualquier organización que opere en sectores regulados:

1. Reducción de riesgos legales y sanciones regulatorias

Una adecuada política de identificación de PEP ayuda a detectar a tiempo operaciones sospechosas y evita vínculos con personas o entidades involucradas en actividades ilícitas. Esto protege a la empresa frente a posibles sanciones por parte de la UAF, la CMF o incluso organismos internacionales. Además, fortalece la capacidad de respuesta ante fiscalizaciones o auditorías externas.

2. Cumplimiento con estándares internacionales (GAFI, CRS, OCDE)

Tener políticas alineadas con los marcos regulatorios globales facilita el cumplimiento en procesos de debida diligencia, auditorías internacionales y controles cruzados con bancos, aseguradoras u organismos multilaterales. Los principales son: El GAFI es un organismo intergubernamental fundado en 1989 por el G7 con el objetivo de establecer normas y promover la aplicación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Las conocidas 40 Recomendaciones del GAFI son el estándar internacional en materia de prevención de delitos financieros. Chile es miembro del GAFI a través del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica).(Ver más en: https://www.fatf-gafi.org); por su parte el CRS es un estándar global desarrollado por la OCDE para el intercambio automático de información financiera entre países. Su objetivo es combatir la evasión fiscal internacional, obligando a las instituciones financieras a reportar datos sobre cuentas mantenidas por extranjeros a sus respectivas autoridades tributarias, que luego son compartidas entre jurisdicciones participantes. Chile implementó el CRS a través del SII, permitiendo acceder a información de cuentas bancarias de contribuyentes chilenos en el extranjero (Ver más en: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/) ; y finalmente la OCDE, que es una organización internacional compuesta por 38 países, cuyo propósito es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. En materia financiera, ha sido clave en el desarrollo de normas contra la evasión, la transparencia fiscal y el intercambio de información (como el CRS). Chile es miembro de la OCDE desde 2010. (Ver más en: https://www.oecd.org), a estas podemos sumar portales públicos como infoprobidad.

Esto permite operar con mayor libertad en mercados financieros internacionales y participar en licitaciones, contratos o acuerdos que exigen cumplimiento normativo como prerrequisito.

3. Reputación corporativa fortalecida

Cumplir rigurosamente con la identificación y control de PEP es una señal de compromiso con la ética, la integridad y la transparencia. Esto mejora la imagen de la organización frente a inversionistas, clientes, aliados estratégicos y el ecosistema regulatorio. A su vez, genera confianza en el entorno y puede posicionar a la empresa como referente en cumplimiento.

4. Mejora en la eficiencia operativa y atención al cliente

Al contar con procesos automatizados para la detección de PEP, se reducen tiempos y errores en la etapa de onboarding, se evitan interrupciones inesperadas y se garantiza un seguimiento proactivo. Esto permite enfocar los recursos en casos relevantes, disminuye las cargas operativas en áreas de cumplimiento y mejora la experiencia del cliente al eliminar fricciones innecesarias.

A modo de cierre, es posible plantear que la correcta identificación Identificar de la PEP no es solo una obligación legal en Chile, sino una oportunidad para construir confianza, transparencia y eficiencia. Implementar una debida diligencia reforzada convierte el cumplimiento en una ventaja competitiva, refuerza procesos, protege la reputación y permite operar con mayor seguridad en entornos regulados.