Investigación empresarial

Tecnología para investigar el riesgo

Hugo Valenzuela

Hugo Valenzuela

10 min de lectura

La transformación tecnológica del compliance no consiste simplemente en reemplazar formularios en papel por plataformas digitales. El cambio más relevante ocurre cuando la tecnología permite investigar mejor, conectar información que antes se encontraba dispersa y detectar señales de riesgo que podrían pasar inadvertidas en una revisión exclusivamente manual.

Para las empresas, esto adquiere especial importancia a medida que aumentan la cantidad de información disponible y la complejidad de las relaciones comerciales. Una contraparte puede estar vinculada con distintas sociedades, tener cambios en su estructura de propiedad, presentar antecedentes judiciales o administrativos, relacionarse con personas políticamente expuestas o experimentar modificaciones financieras que alteren su perfil de riesgo. Revisar cada uno de estos elementos por separado puede entregar información, pero no necesariamente permite comprender la relación entre ellos.

La tecnología aplicada al compliance y a la investigación empresarial busca precisamente avanzar desde la búsqueda de información hacia su análisis. Herramientas de screening, analítica de datos, automatización, inteligencia artificial y monitoreo continuo permiten procesar grandes volúmenes de antecedentes, identificar coincidencias y generar alertas que orientan dónde concentrar la investigación.

El desafío, sin embargo, no consiste en generar más alertas. Consiste en identificar cuáles importan, entender por qué importan y determinar qué debería hacer la organización frente a ellas.

De la búsqueda de información a la investigación del riesgo

Durante años, muchos procesos de compliance se construyeron alrededor de revisiones periódicas y controles independientes. Se consultaba una lista de PEP, se solicitaban antecedentes societarios, se revisaban determinadas bases de datos y, en algunos casos, se analizaban las transacciones realizadas por clientes o proveedores.

Este modelo puede funcionar cuando el volumen de información es reducido. El problema aparece cuando la organización comienza a administrar cientos o miles de relaciones y necesita cruzar distintas fuentes para entender un mismo riesgo.

La transformación digital permite abordar esa dificultad mediante una lógica diferente. En lugar de consultar cada fuente de manera aislada, es posible integrar información y establecer relaciones entre personas, empresas, representantes, beneficiarios finales, operaciones y antecedentes.

Esto no significa que toda la información disponible sea relevante ni que un sistema automatizado pueda determinar por sí mismo si existe una conducta irregular. La tecnología permite ampliar la capacidad de investigación, pero la interpretación sigue siendo fundamental.

El GAFI ha señalado que tecnologías como la analítica avanzada y el machine learning pueden mejorar la velocidad, calidad y eficiencia de las medidas de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al mismo tiempo que reconoce los desafíos relacionados con datos, privacidad, gobernanza y uso responsable de estas herramientas (GAFI, 2021).

La diferencia está, entonces, entre automatizar una búsqueda y automatizar una investigación. La primera permite encontrar información. La segunda requiere relacionarla, contextualizarla y determinar qué preguntas deben hacerse a partir de ella.

PEP: del screening a la comprensión del contexto

La identificación de Personas Expuestas Políticamente es uno de los ejemplos más claros de cómo la tecnología puede modificar un proceso tradicional de compliance.

Para los sujetos obligados por la normativa aplicable, identificar si un cliente o beneficiario final es PEP forma parte de las medidas de debida diligencia y conocimiento. La UAF establece, además, medidas reforzadas para estas relaciones, entre ellas la aprobación de la alta gerencia para establecer determinadas relaciones comerciales y procedimientos adicionales de conocimiento y seguimiento (UAF, 2026).

El desafío tecnológico aparece cuando una organización necesita realizar estas verificaciones sobre un volumen importante de personas y mantener la información actualizada.

Los sistemas de screening pueden automatizar búsquedas, comparar identidades, incorporar distintas fuentes de información y mantener procesos de monitoreo. Esto reduce parte de la carga manual y permite que los equipos concentren sus esfuerzos en los casos que requieren análisis adicional.

Pero encontrar una coincidencia no significa que exista un riesgo material. Un nombre similar puede corresponder a otra persona. Una persona que efectivamente sea PEP puede desarrollar una actividad completamente legítima. Una relación familiar puede ser relevante en determinados contextos y no tener ninguna incidencia en otros. Por eso, el verdadero desafío está en pasar del match a la investigación.

La tecnología puede ayudar a responder preguntas como quién es realmente la persona identificada, qué relación tiene con una determinada sociedad, cuál es su función pública, qué otras entidades aparecen vinculadas y qué antecedentes adicionales deberían revisarse.

El objetivo no debería ser simplemente marcar a alguien como PEP, sino proporcionar el contexto necesario para que la organización pueda aplicar correctamente las medidas que correspondan.

Modelos de prevención: de los controles aislados a una visión integrada

La misma transformación puede observarse en los modelos de prevención de delitos. Un modelo de prevención no funciona únicamente porque existan políticas, procedimientos o controles documentados. Su efectividad depende de que estos elementos se conecten con los riesgos concretos de la organización y puedan operar en la práctica.

En este contexto, la tecnología puede ayudar a construir una capa de información transversal. Datos de proveedores, clientes, trabajadores, representantes, beneficiarios finales, operaciones, contratos y antecedentes externos pueden integrarse para identificar relaciones que, vistas individualmente, podrían no resultar evidentes.

Por ejemplo, una organización puede detectar que un proveedor presenta una determinada relación societaria, que una persona vinculada a esa sociedad también aparece relacionada con un trabajador de la empresa y que, simultáneamente, existen determinadas operaciones comerciales que merecen revisión. Ninguno de estos elementos necesariamente constituye por sí mismo una irregularidad. Sin embargo, la combinación puede justificar una investigación más profunda.

Esta capacidad de conectar señales es particularmente relevante para el concepto de debida diligencia basada en riesgo. La empresa no necesita necesariamente acumular todos los antecedentes disponibles sobre cada tercero. Necesita identificar aquellos antecedentes que permiten comprender mejor su exposición y determinar cuándo corresponde profundizar.

La tecnología puede ayudar a priorizar esa tarea mediante reglas, modelos analíticos y sistemas de puntuación. La inteligencia artificial puede además apoyar la clasificación de información, detectar patrones y ayudar a formular preguntas de investigación. Pero la decisión sobre la relevancia de un hallazgo debería permanecer vinculada al contexto y al criterio de las personas responsables del proceso.

Conflictos de interés: cuando el valor está en conectar relaciones

Los conflictos de interés presentan una dificultad particular porque muchas veces no aparecen como un dato aislado.

Una declaración de intereses puede indicar que una persona mantiene una determinada participación societaria. Un registro empresarial puede mostrar que un proveedor está relacionado con una segunda sociedad. Un organigrama puede revelar que una persona ocupa determinada posición dentro de la organización. El problema aparece cuando estos antecedentes deben ser relacionados.

Al vincular información sobre trabajadores, proveedores, representantes, sociedades, propietarios y beneficiarios finales, una plataforma puede detectar relaciones que justifican una revisión. También puede facilitar la actualización de esas relaciones cuando cambia la estructura de una empresa o se incorpora un nuevo tercero.

Esto transforma el conflicto de interés desde una declaración estática hacia un proceso de monitoreo. Un ejemplo sencillo sería la incorporación de un nuevo proveedor cuyo propietario mantiene una relación familiar o societaria con una persona que participa en la decisión de contratación. La existencia de ese vínculo no determina por sí misma que haya una conducta indebida. Lo que cambia es que la empresa ahora tiene un antecedente que debería ser conocido, evaluado y gestionado.

Aquí vuelve a aparecer una diferencia fundamental entre detectar y concluir. La tecnología puede detectar una relación. La organización debe determinar si esa relación constituye efectivamente un conflicto, cuál es su importancia y qué medidas corresponde adoptar.

Monitoreo transaccional: detectar cambios, no solo operaciones

El monitoreo transaccional representa otro espacio donde la tecnología puede ampliar considerablemente las capacidades de investigación.

En lugar de revisar operaciones exclusivamente después de que ocurren, los sistemas automatizados pueden analizar grandes volúmenes de transacciones y buscar patrones que se aparten de determinados comportamientos esperados. El GAFI ha identificado precisamente la analítica avanzada y el machine learning como tecnologías con potencial para mejorar las capacidades de detección e investigación de operaciones vinculadas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (GAFI, 2021).

El valor del monitoreo, sin embargo, no está en generar una cantidad cada vez mayor de alertas. Un sistema que produce cientos o miles de alertas irrelevantes puede terminar aumentando la carga del equipo de compliance en lugar de mejorar su capacidad de respuesta. La calidad del sistema depende de su capacidad para priorizar, contextualizar y entregar información útil para una investigación.

Esto supone incorporar variables relacionadas con el comportamiento histórico, las características de la contraparte, la naturaleza de la operación y otros factores relevantes para determinar si una transacción merece atención adicional.

La tecnología permite que este análisis sea más dinámico, pero nuevamente el objetivo no debería ser reemplazar el análisis humano por una decisión automática. Una alerta debe conducir a una investigación y, cuando corresponda, a una decisión documentada.

En Chile, esta lógica resulta especialmente relevante para los sujetos obligados que deben implementar medidas de debida diligencia, mantener determinados registros y reportar operaciones sospechosas a la UAF. La propia entidad señala la importancia de una evaluación permanente de los riesgos y de documentar los análisis y gestiones realizadas en relación con operaciones sospechosas (UAF, 2026).

El verdadero cambio: conectar investigación, datos y decisión

Cuando estas capacidades se desarrollan de manera independiente, la tecnología puede terminar creando nuevos silos. Un sistema identifica PEP, otro monitorea transacciones, otro administra proveedores y otro registra conflictos de interés. La empresa tiene más herramientas, pero no necesariamente una mejor comprensión del riesgo.

Una misma persona puede aparecer como representante de una sociedad, beneficiario final de otra entidad, PEP o vinculada a una operación determinada. Un proveedor puede cambiar de propietarios y, al mismo tiempo, modificar su situación financiera. Una transacción puede adquirir una relevancia distinta cuando se considera el perfil de la contraparte y las relaciones que mantiene con otras entidades.

La investigación empresarial gana profundidad cuando estos elementos pueden analizarse conjuntamente.

En este punto, la tecnología deja de ser solamente una herramienta de automatización y comienza a funcionar como una infraestructura de investigación del riesgo. Su aporte está en permitir que la organización pase de revisar datos aislados a observar relaciones, cambios y señales que requieren interpretación.

Esta evolución también modifica el papel de los equipos de compliance. En lugar de dedicar gran parte de su tiempo a búsquedas manuales, recopilación de documentos y revisión de coincidencias, pueden concentrarse en investigar los casos relevantes, evaluar la información y determinar qué medidas corresponde adoptar.

La tecnología, por tanto, no elimina la necesidad de conocimiento especializado. Al contrario, puede hacer que ese conocimiento se utilice donde realmente aporta valor.

Cómo incorporar tecnología sin perder el criterio de investigación

La incorporación de tecnología al compliance debería comenzar por los riesgos y procesos que la organización necesita gestionar, y no por la tecnología disponible en el mercado.

El primer paso consiste en identificar qué actividades generan mayor carga manual, dónde existen dificultades para actualizar información y qué procesos dependen excesivamente de revisiones aisladas. A partir de ahí, la empresa puede determinar qué tareas conviene automatizar y cuáles requieren necesariamente análisis especializado. También es importante definir la calidad y procedencia de las fuentes. Un sistema puede procesar miles de datos en segundos, pero si la información es incompleta, desactualizada o de origen poco confiable, la velocidad no mejora necesariamente la calidad de la investigación.

La gobernanza de datos resulta, por eso, inseparable de la tecnología aplicada al compliance. Las organizaciones necesitan saber de dónde proviene la información, cuándo fue obtenida, con qué frecuencia se actualiza y quién puede acceder o modificarla.

Adicionalmente deberían establecerse criterios claros para las alertas. No toda coincidencia requiere una investigación exhaustiva y no toda alerta debería generar automáticamente una consecuencia para una persona o empresa. La finalidad es priorizar aquello que tiene relevancia para el riesgo.

Finalmente, debe existir trazabilidad, cuando una plataforma identifica una señal, la organización debería poder conocer qué información la originó, cómo fue analizada, qué decisión se adoptó y quién participó en ella. Ciertamente, la tecnología es más útil cuando permite reconstruir ese proceso y no solamente cuando entrega un resultado.

Tecnología que permite investigar mejor

La evolución del compliance tecnológico no debería medirse únicamente por cuántos procesos pueden automatizarse. Una organización puede tener más plataformas, más dashboards y más alertas y, aun así, no comprender mejor sus riesgos.

El verdadero avance ocurre cuando la tecnología permite investigar con mayor profundidad, conectar información que antes estaba dispersa y concentrar el conocimiento especializado en las situaciones que realmente requieren atención.

El screening de PEP, la identificación de beneficiarios finales, la detección de conflictos de interés, el monitoreo transaccional y los modelos de prevención pueden beneficiarse de estas capacidades. Pero en todos los casos existe una misma condición: la información debe transformarse en contexto antes de convertirse en una decisión.

Por eso, la pregunta ya no debería ser solamente qué herramienta utiliza una empresa para hacer compliance. Una pregunta más relevante es qué tan bien puede investigar el riesgo a partir de la información que tiene disponible.

La tecnología puede hacer que una organización encuentre más información, la procese más rápido y detecte más señales. El verdadero desafío está en conseguir que esa capacidad se traduzca en mejores investigaciones, mejores decisiones y una gestión del riesgo que pueda mantenerse actualizada a medida que cambian las relaciones, las operaciones y el entorno en que funciona la empresa.


Bibliografía

  • Financial Action Task Force (FATF). (2021). Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT. FATF/OECD.

  • Financial Action Task Force (FATF). (2021). Digital Transformation of AML/CFT. FATF/OECD.

  • Unidad de Análisis Financiero. (s. f.). Personas Expuestas Políticamente (PEP).

  • Unidad de Análisis Financiero. (s. f.). Preguntas frecuentes.

  • Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley N.º 20.393, establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica.

  • Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Ley N.º 21.595, Ley de Delitos Económicos.

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