Nuevas exigencias ESG para evaluar proveedores en Chile
Hugo Valenzuela
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) confirmó que a partir de 2025 las empresas en Chile deberán incorporar criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en la evaluación de sus proveedores críticos. Este cambio representa un punto de inflexión para sectores estratégicos como minería, retail y banca, que se encuentran bajo creciente presión por demostrar transparencia y responsabilidad en toda su cadena de valor.
Hasta ahora, gran parte de las políticas de sostenibilidad en Chile se habían centrado en la operación directa de las compañías. Sin embargo, la nueva normativa reconoce que los riesgos ESG no se limitan a lo que ocurre dentro de la empresa: también se extienden a proveedores locales e internacionales, cuyo desempeño puede impactar en la reputación, la estabilidad financiera y el acceso a inversionistas. La trazabilidad y la validación documental dejan de ser un “plus” y se convierten en un requisito normativo.
El impacto en minería, retail y banca
En minería, el desafío es enorme: la presión social y ambiental obliga a las grandes compañías a garantizar que sus proveedores cumplan con estándares ambientales y laborales, especialmente en territorios con comunidades cercanas a faenas extractivas. Un proveedor que no cumpla con normativas ambientales o que tenga conflictos laborales puede transformarse en un riesgo reputacional y financiero inmediato.
En el retail, la experiencia reciente con casos como La Polar y las importaciones de ropa falsificada evidenció lo crítico que resulta evaluar no solo la procedencia de los productos, sino también las condiciones laborales y éticas de los proveedores internacionales. La CMF enfatiza que este tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir, y que el sector debe adoptar mecanismos de due diligence más robustos, con controles de certificaciones y trazabilidad documental.
Por su parte, la banca ya venía avanzando en la integración de criterios ESG en su gestión de riesgo, en parte por exigencias globales de financiamiento. Sin embargo, ahora deberán demostrar que también aplican este enfoque a la hora de contratar proveedores críticos: desde servicios tecnológicos hasta consultorías externas. Un proveedor que no cumpla con buenas prácticas de gobernanza podría convertirse en un punto débil en la cadena de cumplimiento regulatorio.
Due diligence como nuevo estándar: Implementación de la normativa
La implementación de la NCG 461 requiere que las empresas desarrollen políticas claras para la evaluación y selección de proveedores, considerando criterios ESG. Esto implica establecer indicadores de cumplimiento en áreas como el medio ambiente, las relaciones laborales y la ética empresarial. Además, se espera que las empresas integren estos criterios en su estrategia corporativa y en la gestión de riesgos, promoviendo una cultura organizacional responsable y sostenible .
La normativa impulsa a que las empresas adopten un enfoque preventivo, basado en due diligence ESG. Esto significa evaluar factores como:
Ambientales: emisiones, gestión de residuos, uso de recursos naturales.
Sociales: cumplimiento laboral, diversidad, inclusión y seguridad en el trabajo.
Gobernanza: transparencia en la gestión, políticas anticorrupción, cumplimiento tributario.
Este tipo de revisiones, que antes podían considerarse voluntarias o reputacionales, ahora son parte del marco normativo que la CMF exigirá reportar. En consecuencia, las empresas deberán demostrar no solo que evaluaron a sus proveedores, sino también qué medidas adoptaron frente a los riesgos detectados.
Un giro hacia la trazabilidad empresarial
La gran novedad está en que la trazabilidad se convierte en un principio estructural. No basta con declarar que un proveedor cumple con criterios ESG; será necesario demostrarlo con documentación verificable y auditable. Para ello, las compañías deberán fortalecer sus procesos de recolección de datos, integrar sistemas tecnológicos que permitan monitorear en tiempo real, y mantener repositorios digitales que respalden cada decisión de contratación.
Esta exigencia conecta directamente con la tendencia global: inversionistas, reguladores y consumidores demandan cadenas de suministro más limpias, transparentes y responsables. Lo que en otros países ha sido impulsado por iniciativas como la Taxonomía Verde de la Unión Europea o la Ley de Debida Diligencia en Cadenas de Suministro de Alemania, en Chile comienza a materializarse a través de la CMF y su enfoque regulatorio.
Una oportunidad y un desafío
La implementación de estos criterios supone tanto un desafío como una oportunidad. Las empresas que no adapten sus procesos enfrentarán riesgos de sanciones y pérdida de competitividad, mientras que aquellas que se adelanten podrán mejorar su reputación y posicionarse mejor frente a inversionistas y clientes.
La adopción de criterios ESG en la evaluación de proveedores presenta desafíos, como la necesidad de adaptar procesos internos y capacitar al personal. Sin embargo, también ofrece oportunidades para mejorar la competitividad y acceder a mercados internacionales que valoran la sostenibilidad. Las empresas que implementen eficazmente estos criterios podrán fortalecer su reputación y atraer inversiones responsables, contribuyendo al desarrollo de un mercado más ético y transparente .
En ese sentido, la evaluación ESG deja de ser un asunto de responsabilidad social empresarial para transformarse en un imperativo estratégico y regulatorio. Desde el 2025 y hoy en 2026, el cumplimiento ya no es solo una carta de presentación: es un requisito de supervivencia en mercados cada vez más vigilados y transparentes.