Transparencia vs secreto bancario: las recomendaciones del SII al proyecto de ley
Hugo Valenzuela
El Servicio de Impuestos Internos (SII) entregó recientemente sus observaciones al proyecto de ley que busca levantar parcialmente el secreto bancario para autoridades electas, y advierte varias limitaciones que podrían debilitar el alcance real de la norma (Biobiochile.cl, 2025)
¿Qué está proponiendo el SII?
El proyecto busca que autoridades electas tengan su información bancaria disponible para supervisión mientras estén en el cargo. Sin embargo, la redacción se refiere principalmente a operaciones de depósito y captación sujetas a secreto bancario, y podría dejar afuera otras operaciones clave como préstamos, uso de tarjetas de crédito/débito o líneas de crédito.
Otro punto es que la norma establece que la autorización de acceso solo rija durante el ejercicio del cargo, pero el SII advierte que para asegurar transparencia real también debe permitir fiscalización ex post, una vez concluido el mandato, en lo que respecta a operaciones realizadas durante el cargo.
Conexión con otros cambios normativos
Este debate no aparece en el vacío. Desde hace tiempo, Chile trabaja en reformas para mejorar la eficacia de la fiscalización tributaria y de transparencia financiera. Por ejemplo:
El proyecto del Subsistema de Inteligencia Económica que propone facultades ampliadas para la UAF, incluyendo el acceso a información bancaria bajo ciertas circunstancias, aparece como parte del esfuerzo legislativo sobre delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado.
Asimismo, la “Nueva Ley de Cumplimiento Tributario” y la estrategia del SII reforzaron su foco contra la evasión, la informalidad y los delitos económicos, promoviendo medidas como fiscalización unificada de grupos empresariales y mayor control sobre precios de transferencia y documentación tributaria.
Implicaciones para empresas y compliance
Para organizaciones privadas, estos movimientos legislativos implican varios desafíos:
Ajuste de políticas internas: Es probable que las empresas deban actualizar sus procedimientos KYC/KYB y cláusulas contractuales para prever escenarios en que autoridades puedan requerir datos bancarios de clientes, proveedores o directores.
Trazabilidad documental: Operaciones financieras no tradicionales, tarjetas de crédito/débito, líneas de crédito, etc. deberán quedar transparentes y documentadas, porque podrían caer bajo escrutinio. Documentar no solo montos, sino tiempos, propietarios reales (UBO), contextos y posibles señales de alerta.
Monitoreo ex post: Dado que el proyecto podría extender las facultades para revisar actividades luego de que el mandato termine, las empresas deberán asegurarse de conservar registros completos durante periodos posteriores al vínculo activo con autoridades, directores o personas electas.
Protección de datos y derechos individuales: Hay tensión natural entre transparencia y privacidad. Las empresas tendrán que equilibrar compliance con procedimientos de protección de datos, confidencialidad, y garantías procesales en caso de que la información sensible se use o requiera jurídicamente.
Lo que nos deja el debate
Este debate sobre el secreto bancario no solo plantea una redefinición de la transparencia pública, sino un momento decisivo en cómo las empresas privadas ajustarán sus sistemas de compliance frente a expectativas más rigurosas. No será suficiente tener una política de cumplimiento sólida; será vital que esta sea flexible, transparente, orientada hacia la trazabilidad completa y preparada para revisiones tanto durante como después del ejercicio de mandatos públicos.
En definitiva, el cambio legislativo proyectado podría marcar un antes y un después: quienes se anticipen y adapten serán los que resistan mejor las auditorías futuras, mantengan su reputación intacta y operen con mayor seguridad jurídica y ética.