El desafío del control a las PEP y la fiscalización financiera en Chile

La prevención del lavado de activos no es una tarea opcional. Es un pilar de la transparencia institucional y una herramienta clave para frenar la expansión del crimen organizado.

En los últimos años, Chile ha sido reconocido por tener un sistema financiero relativamente estable, pero esa imagen comienza a tensionarse cuando se revisan los casos donde los mecanismos de control han fallado, permitiendo que el dinero ilícito fluya sin barreras. La reciente investigación de CIPER Chile, que expone cómo el Tren de Aragua, una organización criminal de alcance transnacional, pudo operar miles de transacciones sin ser detectada por el sistema financiero, es una señal alarmante. No solo por la gravedad del caso, sino porque evidencia algo más profundo: la falta de trazabilidad efectiva del dinero cuando se enfrenta a redes complejas y bien estructuradas. Pueden revisar la noticia completa: https://www.ciperchile.cl/2025/07/14/tren-de-aragua-en-chile-sistema-financiero-no-emitio-alertas-preventivas-por-miles-de-operaciones-para-lavar-dinero/ 

¿Por qué importa seguir la ruta del dinero?

Seguir la ruta del dinero no es solo una técnica de investigación, es un principio básico del cumplimiento financiero moderno, y ciertamente, para la buena salud de la democracia. En contextos donde el crimen organizado, la corrupción y el lavado de activos convergen, la trazabilidad de los fondos es la herramienta más eficaz para desarticular redes. Ahí donde las palabras y los discursos pueden mentir, los flujos financieros no lo hacen, aunque puedan ser intervenidos, siempre queda alguna huella.

Y en ese seguimiento, uno de los puntos críticos es el control efectivo de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

¿Qué es una PEP y por qué su control es esencial?

Repasemos un poco lo que ya hemos visto en otras publicaciones como: https://www.checkauditor.com/blog/deteccion-de-personas-expuestas-politicamente-pep-en-chile-oblicacion-legal-y-ventaja-competitiva, una Persona Expuesta Políticamente es alguien que ha ejercido o ejerce un cargo público relevante, o mantiene vínculos estrechos con quienes lo hacen. ¿Por qué esto importa? Porque se ha demostrado, a nivel global, que estas personas están más expuestas a sobornos, desvío de fondos, conflictos de interés y financiamiento ilegal. La OCDE, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y otros organismos internacionales han insistido en que el monitoreo de las PEP es una línea de defensa clave contra la corrupción y el lavado de dinero.

En Chile, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha establecido normativas claras al respecto, a través de la Ley N° 19.913 y circulares como la N° 49 y N° 57. Estas normas exigen a las entidades financieras, corredoras, notarías, aseguradoras, casas de cambio y más de 30 actividades obligadas, implementar procedimientos para identificar y monitorear a las PEP, y reportar operaciones sospechosas.

Pero ¿qué pasa cuando estos procedimientos se implementan de forma superficial o simbólica?

Veamos un ejemplo reciente y preocupante en el caso de nuestro país.

El caso Tren de Aragua: un espejo de nuestras fallas

Aunque el caso del Tren de Aragua no involucra directamente a PEPs, sí nos ofrece una advertencia sobre lo que ocurre cuando la fiscalización financiera no está a la altura de los riesgos reales. El reportaje de CIPER revela cómo miles de transacciones fueron realizadas en bancos y cajas de compensación sin levantar alertas significativas, a pesar de patrones inusuales: altas sumas, múltiples depósitos fragmentados (smurfing), movimientos reiterados desde zonas de alto riesgo, entre otros.

Esto abre una pregunta incómoda: si no fuimos capaces de detectar esto con una red criminal, ¿estamos preparados para detectar vínculos financieros sospechosos cuando involucran a PEPs, operadores políticos o empresarios conectados al poder?

El vínculo es estructural. Los controles que fallan frente al crimen organizado también fallan frente a la corrupción de cuello y corbata. El resultado es el mismo: la opacidad y el debilitamiento  del Estado de Derecho, junto a la democracia, abriendo espacio no solo al delito sino que también a la posibilidad de enfrentarnos a modos de convivencia social complejos.

Más allá del cumplimiento formal: la responsabilidad empresarial

Cumplir con la normativa es solo el piso. Las empresas deben asumir un rol más proactivo y estratégico. Controlar los vínculos con PEPs y seguir la trazabilidad del dinero es parte de un enfoque de gestión de riesgos que protege no solo de sanciones legales, sino también de daños reputacionales, fraudes internos y pérdida de valor.

Las buenas prácticas incluyen:

• Aplicar debida diligencia reforzada (enhanced due diligence) en relaciones con PEPs o sus cercanos.
  
  

• Implementar sistemas automáticos de detección de alertas o patrones inusuales.
  
  

• Actualizar constantemente las bases de datos de clientes y proveedores.
  
  

• Documentar y justificar las decisiones cuando se mantiene una relación con una PEP.
  
  

• Capacitar al equipo de cumplimiento sobre cómo identificar, analizar y actuar ante estos riesgos.
  
  

El problema de fondo: informalidad, fragmentación y tecnología desactualizada

Parte del problema radica en que muchas instituciones siguen tratando el cumplimiento como un requisito documental, no como un proceso estratégico. Se usan listas desactualizadas, se analizan operaciones manualmente, se omiten verificaciones cruzadas con otras bases (como listas negras internacionales), y se subestima la necesidad de invertir en tecnología.

En paralelo, muchas empresas medianas o con vínculos públicos no cuentan con áreas de compliance, y delegan estas funciones en abogados externos, contadores o asesores que no siempre tienen las herramientas adecuadas.

Desde Check Auditor, proponemos una solución accesible, ágil y ajustada a la realidad chilena y latinoamericana. Nuestra plataforma permite:

• Identificar si tus socios, clientes o proveedores están vinculados a PEPs.
  
  

• Monitorear patrones financieros que puedan encender alertas.
  
  

• Documentar la trazabilidad de cada relación comercial.
  
  

• Recibir reportes y alertas automáticas para apoyar decisiones informadas.
  
  

No se trata de reemplazar el juicio humano, sino de darle mejores herramientas para actuar a tiempo. La tecnología bien aplicada permite que incluso las empresas pequeñas o medianas puedan operar con estándares de cumplimiento similares a una gran empresa o banco.

Conclusión: no basta con cumplir, hay que fiscalizar y prevenir.

El control de las PEP no es una obsesión burocrática. Es un eslabón en la cadena de prevención de delitos económicos. La identificación de estas personas y el análisis de sus relaciones financieras permite construir una muralla de transparencia frente a la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado.

Casos como el del Tren de Aragua nos muestran que la omisión también tiene consecuencias. No identificar, no reportar, no actuar… también es una forma de complicidad, aunque sea por negligencia.

Chile necesita avanzar hacia una cultura de cumplimiento más seria, más transversal y más conectada con las herramientas tecnológicas disponibles. Y el sector privado, desde grandes empresas hasta mipymes, tiene un rol protagónico en ese cambio.