Identificar a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) no consiste simplemente en buscar un nombre en una base de datos. Para las entidades obligadas por la Ley N.º 19.913, implica determinar si un cliente o su beneficiario final ha desempeñado una función pública destacada, verificar los antecedentes que sustentan esa condición y aplicar medidas reforzadas de debida diligencia.
La Circular UAF N.º 62, publicada el 19 de marzo de 2025 y vigente desde el 1 de junio de ese año, actualizó las categorías mínimas de personas que deben ser calificadas como PEP y precisó las medidas que deben adoptar los sujetos obligados. Su capítulo H, especialmente los literales h.1 a h.4, establece el marco que debe orientar estos procedimientos.
En este artículo revisamos quiénes califican como PEP en Chile, qué fuentes públicas permiten verificar sus antecedentes y cuáles son las tres medidas que deben implementarse, junto con la evidencia que conviene conservar para acreditar su cumplimiento.
¿Quién califica como Persona Expuesta Políticamente?
El literal h.1 de la Circular 62 define como PEP a los chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año después de finalizado el ejercicio de estas.
La definición comprende tanto a quienes ejercen actualmente una función pública relevante como a quienes dejaron de hacerlo recientemente. El plazo de un año constituye un mínimo regulatorio, no un límite máximo: según su política de riesgos, los sujetos obligados pueden ampliar el período o incorporar otras categorías de personas.
El literal h.2 extiende esta calificación a determinados vínculos personales y societarios. Se incluyen el cónyuge, el conviviente civil y los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad de las personas que desempeñan las funciones públicas destacadas. Esto comprende, entre otros, a abuelos, nietos y hermanos. También considera a las personas naturales con las que la PEP haya celebrado un pacto de actuación conjunta que les otorgue poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile.
Por su parte, el literal h.3 establece un conjunto mínimo de cargos que deben ser considerados PEP por los sujetos obligados. Entre ellos se encuentran:
- Presidente de la República.
- Senadores, diputados, alcaldes y concejales.
- Administradores y directores de obras municipales.
- Ministros de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones, además de jueces de primera instancia.
- Ministros de Estado, subsecretarios, gobernadores, delegados presidenciales, consejeros regionales, secretarios y asesores regionales ministeriales.
- Embajadores, cónsules y jefes superiores de servicios públicos, junto con el directivo superior inmediato que deba subrogarlos.
- Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, director general de Carabineros, director general de Investigaciones y el alto mando respectivo.
- Fiscal nacional, fiscales regionales y fiscales adjuntos del Ministerio Público, además del fiscal nacional económico.
- Contralor general y contralores regionales.
- Consejeros del Banco Central, del Consejo de Defensa del Estado y del Consejo de Alta Dirección Pública.
- Ministros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
- Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.
- Directores y ejecutivos principales de empresas públicas, directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos y miembros de las directivas de partidos políticos.
La enumeración no es taxativa. La propia UAF señala que sus categorías constituyen mínimos y que cada sujeto obligado puede ampliar su alcance conforme a su política de riesgos.
Ejemplo: si una persona fue subsecretaria y dejó el cargo hace ocho meses, continúa dentro del período mínimo de calificación. Si han transcurrido dieciocho meses, ya superó el mínimo establecido, pero la entidad puede mantener su clasificación por un período mayor si así lo dispone su política de riesgos. No corresponde asumir que la condición desaparece automáticamente al cumplirse doce meses.
¿Dónde verificar si una persona es PEP?
Una de las principales dificultades prácticas es que no existe una lista oficial única y exhaustiva de PEP publicada por la UAF. El organismo define las categorías mínimas, pero no elabora ni mantiene un registro nominal de todas las personas que cumplen esas condiciones. Por lo tanto, la ausencia de un nombre en una base de datos no permite concluir, por sí sola, que esa persona no es PEP.
La verificación requiere combinar fuentes y contrastar la información obtenida.
1. Listas PEP y herramientas de consulta.
Las entidades pueden utilizar bases de datos especializadas, herramientas de screening o listados propios para identificar posibles coincidencias con personas que ejercen o han ejercido funciones públicas destacadas. Estas herramientas facilitan la búsqueda, pero sus resultados deben ser contrastados con antecedentes que permitan confirmar la identidad, el cargo, el período de ejercicio y los vínculos relevantes.
Es importante recordar que la UAF no responde por la inclusión o exclusión de personas en las bases comerciales que elaboran terceros.
2. InfoProbidad.
El portal InfoProbidad, iniciativa del Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República, permite consultar declaraciones de intereses y patrimonio de determinadas autoridades y funcionarios públicos. Es una fuente útil para revisar antecedentes patrimoniales, actividades económicas, participaciones societarias e información declarada por las personas obligadas a presentar estos antecedentes.
Sin embargo, no constituye un listado completo de PEP ni acredita por sí solo que una persona mantenga actualmente un cargo comprendido en la Circular 62. Además, la información publicada corresponde a declaraciones presentadas por las personas obligadas, por lo que debe analizarse considerando su fecha y alcance.
3. Diario Oficial.
El Diario Oficial permite consultar decretos, nombramientos, renuncias, designaciones y otros actos administrativos que pueden ayudar a establecer cuándo una persona asumió o dejó una función pública.
Por ejemplo, si una entidad necesita verificar si una persona fue autoridad de un servicio público, puede buscar el acto administrativo de nombramiento y, cuando corresponda, el que formalizó su salida. Estos antecedentes permiten construir una referencia documental del período en que ejerció el cargo.
Las fuentes deben utilizarse de manera complementaria. Una consulta de screening puede generar una coincidencia, InfoProbidad aportar antecedentes sobre intereses y patrimonio, y el Diario Oficial permitir verificar el nombramiento o cese de una función. La conclusión debe quedar respaldada por el análisis conjunto de la información disponible.
Las tres medidas obligatorias del literal h.4 y su evidencia
Una vez identificada una PEP, la Circular 62 exige aplicar medidas reforzadas de debida diligencia y conocimiento del cliente. El literal h.4 establece tres medidas concretas. No se trata solamente de registrar una coincidencia en una base de datos: la entidad debe demostrar cómo gestionó la relación comercial.
as tres medidas obligatorias del literal h.4 y su evidencia
1. Aprobación de la alta gerencia
Qué exige: obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer una relación comercial con una PEP o cuando un cliente existente adquiere esa condición.
Evidencia que se debe conservar:
Solicitud de aprobación.
Evaluación de riesgo que fundamenta la decisión.
Acta o resolución de aprobación.
Identificación de quien autoriza y fecha de la decisión.
2. Identificación del origen del patrimonio, los fondos y el propósito de la operación
Qué exige: adoptar medidas razonables para determinar cómo se ha constituido el patrimonio de la PEP, de dónde provienen los fondos utilizados y cuál es el propósito de las operaciones realizadas.
Evidencia que se debe conservar:
Declaraciones y antecedentes proporcionados por el cliente.
Documentación financiera o patrimonial.
Antecedentes que respalden el origen de los fondos.
Registro del análisis realizado sobre la operación y sus fundamentos.
3. Debida diligencia continua intensificada
Qué exige: implementar procedimientos de seguimiento reforzado durante toda la relación comercial, con el propósito de identificar cambios relevantes en el perfil del cliente y sus operaciones.
Evidencia que se debe conservar:
Registros de monitoreo.
Revisiones periódicas de antecedentes.
Alertas generadas y análisis efectuados.
Actualizaciones de información del cliente.
Decisiones y medidas adoptadas frente a cambios o señales de alerta.
Primera medida: aprobación de la alta gerencia.
La relación comercial con una PEP requiere una decisión expresa de la alta gerencia. Esta exigencia también se aplica cuando un cliente que ya mantenía una relación comercial adquiere posteriormente la condición de PEP.
Por ejemplo, si una persona que mantiene una relación contractual con una entidad es nombrada ministra de Estado, la entidad debe activar el procedimiento correspondiente y obtener la aprobación exigida para continuar la relación.
La evidencia no debería limitarse a una casilla marcada en el sistema. Debe permitir identificar quién aprobó, cuándo lo hizo y qué antecedentes tuvo a la vista para adoptar la decisión.
Segunda medida: origen del patrimonio, origen de los fondos y propósito de la operación.
La entidad debe adoptar medidas razonables para comprender cómo se ha formado el patrimonio de la PEP, de dónde provienen los fondos que utiliza y cuál es el propósito de las operaciones realizadas.
Estos tres elementos no son equivalentes. El origen del patrimonio se refiere a cómo se ha constituido la riqueza de la persona a lo largo del tiempo; el origen de los fondos apunta a la procedencia del dinero utilizado en una operación específica; y el propósito permite comprender la razón económica o comercial de esa operación.
Por ejemplo, si una PEP realiza una operación de inversión de un monto relevante, la entidad debería contar con antecedentes que permitan comprender la procedencia de los recursos y la finalidad de la inversión. La documentación concreta dependerá de las características del cliente y de la operación. Lo importante es que el análisis sea razonable, esté respaldado y permita explicar la conclusión alcanzada.
Tercera medida: debida diligencia continua intensificada.
La identificación inicial no pone término a las obligaciones de la entidad. La relación debe mantenerse bajo procedimientos de seguimiento intensificado, de modo que sea posible advertir cambios en el perfil del cliente, sus operaciones o los antecedentes que sustentaron la evaluación inicial.
Por ejemplo, si una PEP comienza a realizar operaciones que no guardan relación aparente con el propósito declarado de la relación comercial, la entidad debe revisar esos movimientos, documentar el análisis y determinar si corresponde adoptar medidas adicionales.
La Circular no establece para este literal una frecuencia universal de monitoreo aplicable a todos los clientes PEP. La intensidad y los procedimientos deben responder a la política de riesgos de la entidad y quedar formalizados en sus controles internos.
La importancia de conservar evidencia
La Circular 62 también exige mantener un Registro de Operaciones Realizadas por Personas Expuestas Políticamente. Este debe contener la lista de clientes PEP, las operaciones realizadas por ellos y sus documentos de respaldo, además de los antecedentes obtenidos mediante la aplicación de las medidas del literal h.4.
La información de este registro debe conservarse por un plazo mínimo de cinco años desde el término de la relación comercial o la última operación ocasional, según corresponda, y debe estar disponible para la UAF cuando la requiera
Esto significa que una entidad no solo debe poder demostrar que identificó a una PEP. También debe acreditar que obtuvo las aprobaciones correspondientes, analizó el origen del patrimonio y de los fondos, comprendió el propósito de las operaciones y mantuvo un seguimiento intensificado.
La identificación de una PEP tampoco implica que todas sus operaciones deban reportarse automáticamente a la UAF. El reporte mediante un ROS corresponde cuando, tras el análisis, se determina que una operación presenta características sospechosas conforme a los criterios establecidos en la Circular.
A modo de conclusión
La identificación de Personas Expuestas Políticamente no debería entenderse como una obligación aislada de consulta o clasificación de clientes. El propósito de las disposiciones de la Circular UAF 62 es que las entidades obligadas puedan reconocer relaciones que, por la naturaleza de las funciones públicas desempeñadas o los vínculos asociados, requieren un nivel de conocimiento y seguimiento mayor. Esto permite prestar atención a posibles riesgos relacionados con el origen de los recursos, el uso de la posición pública, las relaciones económicas y la eventual utilización de estructuras societarias para ocultar intereses o beneficiarios.
En ese sentido, el cumplimiento no se agota cuando una herramienta identifica una coincidencia o cuando un cliente queda marcado como PEP en un sistema. La entidad debe ser capaz de explicar por qué clasificó a una persona bajo esa categoría, qué antecedentes utilizó para confirmar su identidad y condición, cómo evaluó el origen de su patrimonio y de los fondos involucrados, quién autorizó la relación comercial y de qué manera mantuvo el seguimiento durante su vigencia. Cada una de estas decisiones debe tener un respaldo documental que permita reconstruir el proceso y demostrar que las medidas exigidas fueron efectivamente aplicadas.
Esto también exige comprender que la condición PEP no constituye, por sí misma, una señal de conducta ilícita ni justifica presumir que una persona participa en actividades de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Se trata de una categoría preventiva que reconoce una exposición particular a determinados riesgos y que, por lo tanto, exige controles proporcionales, fundados y consistentes. Una evaluación adecuada debe evitar tanto la omisión de antecedentes relevantes como la aplicación indiscriminada de medidas sin considerar las características de cada relación comercial.
Para los sujetos obligados, el desafío está en integrar la identificación de PEP a sus procesos habituales de conocimiento del cliente, actualización de antecedentes, análisis de operaciones y conservación de registros. Esto supone conectar información que muchas veces se encuentra dispersa en distintas fuentes, verificar su vigencia, resolver coincidencias y documentar las decisiones adoptadas. Una lista puede ayudar a detectar una posible condición PEP, pero no reemplaza la verificación ni el análisis que debe realizar la entidad.
En definitiva, la gestión de PEP no consiste solamente en saber quién ocupa o ha ocupado un cargo público, sino en comprender qué implica esa condición para la relación comercial y demostrar que la organización actuó conforme a sus obligaciones de prevención. La calidad del sistema de cumplimiento no se mide únicamente por la cantidad de personas identificadas, sino también por la capacidad de convertir esa información en decisiones justificadas, controles efectivos y evidencia disponible ante una revisión de la autoridad.
Fuentes consultadas
- Unidad de Análisis Financiero (2025). Circular N.º 62: Instrucciones de carácter general a las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3, inciso primero, de la Ley N.º 19.913. Especialmente capítulo H, literales h.1 a h.4, y capítulo E, sobre registros. https://www.uaf.cl/media/documentos/Circular_N62.pdf
- Unidad de Análisis Financiero. Personas Expuestas Políticamente (PEP). Definición, categorías mínimas, alcance de las listas y medidas reforzadas. https://www.uaf.cl/es-cl/normativa/personas-expuestas-politicamente-pep
- Unidad de Análisis Financiero (2025). Cartilla informativa Circular N.º 62. https://www.uaf.cl/media/documentos/Cartilla_Circular_62_NdbXfz7.pdf
- Consejo para la Transparencia y Contraloría General de la República. InfoProbidad: declaraciones de intereses y patrimonio. https://www.infoprobidad.cl/
- Diario Oficial de la República de Chile. Edición electrónica y consulta de publicaciones. https://www.diariooficial.interior.gob.cl/
- Unidad de Análisis Financiero (2025). Preguntas frecuentes. https://www.uaf.cl/es-cl/preguntas-frecuentes



