En los procesos de debida diligencia, compliance e investigación empresarial, consultar información en una fuente pública es solo una parte del trabajo. También es necesario poder demostrar qué se consultó, dónde se obtuvo, cuándo se hizo y si el documento conservado corresponde efectivamente a la información que estaba disponible en ese momento.
Pensemos en una situación habitual: una empresa consulta la situación tributaria de un proveedor en el sitio del Servicio de Impuestos Internos (SII), descarga un certificado de la Tesorería General de la República (TGR) o revisa los antecedentes laborales de una empresa en la Dirección del Trabajo (DT). La información se incorpora a una evaluación y sirve para tomar una decisión comercial. Sin embargo, meses después surge una controversia y alguien pregunta: ¿cómo podemos demostrar qué información vimos y que el documento no fue modificado posteriormente?
Una captura de pantalla, un certificado electrónico o un PDF pueden formar parte de esa respuesta, pero no ofrecen necesariamente el mismo nivel de respaldo. Su confiabilidad depende de la fuente, el procedimiento de obtención, la posibilidad de verificar su autenticidad y la forma en que fueron conservados.
La diferencia es relevante: sin evidencia documentada, una revisión puede quedar reducida a una afirmación que no es posible reconstruir ni contrastar.
¿Qué hace confiable a una evidencia digital?
Una evidencia digital no es confiable solamente porque esté guardada en una carpeta o tenga apariencia oficial. Para que otra persona pueda comprenderla y verificarla, debe conservar información sobre su origen, contexto y tratamiento posterior.
La investigación sobre preservación digital lleva años estudiando este problema. El proyecto internacional InterPARES, dedicado a la autenticidad de los documentos electrónicos, desarrolló criterios para evaluar su identidad, integridad y preservación a lo largo del tiempo. Una de sus conclusiones es especialmente relevante para las organizaciones: no basta con conservar un archivo, también es necesario documentar los procesos mediante los cuales fue obtenido, almacenado, recuperado y presentado.
En una línea complementaria, Dahlström y Hansson (2019), en su investigación Documentary Provenance and Digitized Collections: Concepts and Problems, analizan la procedencia de los documentos digitalizados y advierten que su apariencia no permite conocer necesariamente su origen ni las transformaciones que experimentaron. Para evaluar su autenticidad es importante disponer de información sobre el proceso de digitalización, los metadatos y las modificaciones realizadas.
Desde una perspectiva práctica, hay cinco elementos que conviene registrar:
1. Origen de la información. Debe identificarse la institución, plataforma o sistema desde el cual se obtuvo el documento. No es lo mismo guardar un PDF recibido por correo electrónico sin conocer su procedencia que descargarlo directamente desde un portal oficial. También debe registrarse la dirección web específica o el sistema de consulta utilizado.
2. Fecha y hora de obtención. La evidencia debe indicar cuándo se realizó la consulta, idealmente con fecha, hora y zona horaria. Este dato permite situar la información en un momento determinado. Es especialmente importante cuando se revisan antecedentes que pueden cambiar, como la situación tributaria, las deudas o los registros de cumplimiento.
3. Integridad del archivo. Se debe poder establecer si el documento conservado se mantiene igual desde su obtención. Una herramienta técnica para ello es el hash criptográfico, una especie de huella digital calculada a partir del contenido del archivo. Si se modifica el documento, incluso en un solo bit, el resultado normalmente cambia. El NIST, en su publicación Digital Evidence Preservation: Considerations for Evidence Handlers, recomienda documentar los procesos de adquisición y preservación de evidencia digital, incluyendo los mecanismos que permiten comprobar su integridad.
4. Autenticidad y verificación del emisor. Cuando una institución incorpora un código de verificación, código QR, firma electrónica o mecanismo de validación, debe utilizarse para comprobar que el documento corresponde efectivamente a uno emitido por esa entidad. No basta con que el certificado tenga un logotipo institucional o una apariencia formal.
5. Identificación de quien obtuvo la evidencia. Es necesario registrar quién realizó la consulta, bajo qué procedimiento y dónde almacenó el resultado. Si otra persona recibe el archivo, lo revisa o lo utiliza en una decisión, también conviene dejar constancia de ese movimiento. Así se construye una trazabilidad básica de su obtención y custodia.
Estos elementos permiten reconstruir el recorrido de la información. En términos archivísticos, se trata de mantener una cadena de preservación: documentar no solo el archivo, sino también las actuaciones que permiten sostener que aquello que se recupera posteriormente corresponde, en sus aspectos esenciales, a lo que fue incorporado originalmente.
¿Qué valor tiene un documento electrónico según la Ley 19.799?
En Chile, la Ley N.º 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación regula los documentos electrónicos, las firmas electrónicas y los servicios de certificación.
Su artículo 2 define el documento electrónico como una representación de un hecho, imagen o idea creada, enviada, comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de manera que permita su utilización posterior.
El artículo 3 reconoce que los actos y contratos suscritos mediante firma electrónica son válidos y producen los mismos efectos que aquellos celebrados por escrito y en soporte de papel, con las excepciones que establece la propia ley. Por su parte, el artículo 4 dispone que los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público deben suscribirse mediante firma electrónica avanzada.
La distinción más importante para este artículo está en el artículo 5, que establece reglas sobre el valor probatorio de los documentos electrónicos:
Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público, suscritos conforme al artículo 4, hacen plena prueba de acuerdo con las reglas generales.
Los instrumentos privados suscritos mediante firma electrónica avanzada tienen el mismo valor probatorio señalado anteriormente. Sin embargo, no hacen fe respecto de su fecha, salvo que esta conste mediante un fechado electrónico otorgado por un prestador acreditado.
Los instrumentos privados suscritos mediante firma electrónica tienen el valor probatorio que corresponda conforme a las reglas generales.
Esto significa que no todos los archivos electrónicos tienen automáticamente el mismo valor probatorio. Una captura de pantalla, por ejemplo, puede constituir un antecedente documental, pero no adquiere por ese solo hecho la calidad de instrumento público ni el valor probatorio de un documento suscrito con firma electrónica avanzada.
La ley tampoco establece que un PDF sea confiable simplemente por estar en formato electrónico. Importan su naturaleza, autoría, mecanismo de firma, integridad y las circunstancias en que se obtuvo y conservó.
Por eso, en una revisión de compliance, es necesario distinguir entre la existencia de un archivo, su autenticidad y la capacidad de demostrar qué información contenía en un momento determinado.
¿Captura de pantalla, certificado o descarga directa? Qué conviene conservar
No todos los formatos sirven para acreditar lo mismo. La selección depende del tipo de consulta y de la posibilidad de verificar posteriormente la información.
1. Captura de pantalla: respaldo visual de una consulta
Una captura permite conservar una imagen de lo que se mostraba en pantalla al momento de realizar una consulta. Puede ser útil cuando el portal no ofrece una descarga, cuando se necesita documentar un resultado de búsqueda o cuando interesa registrar el estado visible de una plataforma.
Su principal limitación es que una imagen aislada no permite comprobar por sí misma que proviene de la página oficial, que no fue modificada o que representa la totalidad de la información disponible. Tampoco conserva necesariamente los datos internos del sistema ni el contexto completo de navegación.
Por ejemplo, una captura de la consulta de situación tributaria de un proveedor en el SII puede mostrar el resultado obtenido, pero no sustituye la descarga de un documento oficial cuando existe esa alternativa. El propio SII explica el alcance de la consulta de situación tributaria de terceros, que entrega un informe resumido y actualizado, pero no constituye una certificación del comportamiento tributario del contribuyente.
Regla práctica: si utilizas una captura, conserva la imagen original sin editar, registra la dirección web, la fecha y hora de consulta, el nombre de quien la obtuvo y una descripción de lo que se estaba verificando. Si es posible, acompáñala con el archivo descargado o con una segunda evidencia que permita contrastar el resultado.
2. Certificado con código de verificación: respaldo contrastable con el emisor
Un certificado electrónico emitido por una institución pública ofrece una ventaja importante cuando incorpora un mecanismo para comprobar su autenticidad. El código permite consultar directamente al emisor si el documento corresponde a uno válido y, según el sistema, contrastar la información que contiene.
Existen ejemplos concretos en Chile:
Servicio de Impuestos Internos (SII): dispone de opciones para consultar la situación tributaria de terceros, verificar documentos tributarios y comprobar el contenido de determinadas cartolas tributarias recibidas por correo electrónico. Puedes revisar sus servicios de consulta y verificación. Es importante recordar que la consulta de situación tributaria de terceros es referencial y no constituye una certificación general del comportamiento tributario.
Tesorería General de la República (TGR): cuenta con un servicio de verificación de autenticidad de certificados. Para realizar la consulta se requiere el número de certificado web o código de barras.
Dirección del Trabajo (DT): permite obtener documentos como el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales. Además, para determinados documentos, como el Certificado de Indisponibilidad Técnica del Registro Electrónico Laboral, contempla un mecanismo para verificar su autenticidad mediante un código asociado. La disponibilidad de validación debe comprobarse para cada tipo de documento.
En estos casos, el procedimiento recomendable es conservar el certificado original y registrar el resultado de su verificación. Si el sistema permite descargar nuevamente el documento desde el portal oficial, conviene guardar también esa versión.
Regla práctica: conserva el certificado original, su código o identificador, la dirección del verificador, la fecha y hora de validación y el resultado obtenido. Si el código deja de estar disponible o el servicio tiene una vigencia limitada, registra oportunamente la validación realizada.
3. Descarga directa de un registro: respaldo del contenido obtenido
Cuando una plataforma permite descargar directamente un documento, cartola, registro o reporte, esta alternativa suele ofrecer más información que una captura de pantalla. El archivo puede conservar datos estructurados, identificadores, fechas, referencias y otros elementos que permiten revisar su contenido posteriormente.
Por ejemplo, una cartola descargada desde un portal institucional puede contener información que no aparece completa en la pantalla de consulta. Lo mismo puede ocurrir con un certificado o reporte generado por un sistema público.
Sin embargo, descargar directamente un archivo no garantiza por sí solo su autenticidad ni demuestra que no fue modificado después. Para fortalecer su trazabilidad, se debe conservar el archivo original, identificar la fuente y registrar las condiciones de obtención. Cuando sea técnicamente posible, se recomienda calcular su hash criptográfico y almacenar el resultado junto con el registro de evidencia.
Regla práctica: guarda el archivo en su formato original, registra el portal y la ruta de consulta, la fecha y hora de descarga, el usuario responsable, el nombre del archivo y su huella digital. Evita reemplazar el original por una versión convertida, editada o comprimida sin conservar también el archivo de origen.
Anatomía de un registro de evidencia digital
Para que estos criterios puedan aplicarse de manera consistente, una organización puede utilizar una ficha de registro asociada a cada documento o consulta relevante. No se trata de un formulario exigido de manera general por la Ley 19.799, sino de una metodología práctica para documentar la obtención y preservación de la evidencia.
Un registro básico debería incluir los siguientes campos:
Identificación de la evidencia
Código único o identificador interno.
Nombre del archivo y formato.
Tipo de evidencia: captura, certificado, descarga directa u otro.
Persona natural o jurídica a la que corresponde el antecedente.
Origen y contexto
Institución o plataforma emisora.
Dirección web específica o sistema de consulta.
Tipo de consulta realizada.
Parámetros utilizados, cuando corresponda, como RUT, período, identificador o filtros.
Fecha y hora de consulta, incluyendo zona horaria.
Obtención y verificación
Nombre o identificación del responsable que obtuvo el archivo.
Procedimiento utilizado para descargarlo o capturarlo.
Código de verificación, QR o identificador del documento, si existe.
Dirección del verificador y fecha y hora de validación.
Resultado de la comprobación y observaciones.
Integridad y conservación
Nombre y ubicación del archivo original.
Hash criptográfico, si se utiliza.
Fecha de incorporación al repositorio.
Responsable de almacenamiento y controles de acceso.
Registro de transferencias, consultas o modificaciones posteriores.
Uso en la evaluación
Qué antecedente se buscaba comprobar.
Qué información relevante se obtuvo.
Qué conclusión se incorporó a la evaluación.
Quién revisó y validó el resultado.
La utilidad de esta ficha está en conectar el documento con la decisión que ayudó a fundamentar. No basta con almacenar un certificado si posteriormente nadie puede explicar qué se buscaba comprobar, qué información se encontró o cómo influyó en la evaluación del tercero.
Este registro también complementa otros aspectos de la debida diligencia. En nuestro artículo Debida diligencia de proveedores: qué revisar antes de contratar a un tercero abordamos qué antecedentes revisar al evaluar una contraparte. Aquí damos el siguiente paso: cómo conservar los resultados de esa revisión para que puedan ser contrastados posteriormente.
De almacenar archivos a construir trazabilidad
La preservación de evidencia digital no consiste en acumular capturas, certificados y documentos PDF. Requiere mantener una relación verificable entre la fuente original, el momento de consulta, el archivo obtenido, las personas que intervinieron y las decisiones que se adoptaron a partir de esa información.
Este enfoque también permite comprender una diferencia fundamental entre conservar y verificar. Un archivo puede permanecer intacto durante años y, aun así, no existir información suficiente para establecer de dónde provino. A la inversa, un documento puede haber sido emitido legítimamente por una institución, pero si no se conserva su versión original ni el contexto de obtención, será más difícil reconstruir qué información estuvo disponible cuando se tomó una decisión.
Por eso, la integridad técnica y la procedencia documental deben trabajar juntas. El hash ayuda a detectar modificaciones posteriores, mientras que los metadatos y el registro de obtención permiten explicar el origen y la trayectoria del archivo. Ninguna de estas herramientas, por separado, garantiza que el contenido sea verdadero: permiten establecer que el documento corresponde a una fuente identificada y que se ha mantenido bajo determinadas condiciones de conservación.
En los procesos de debida diligencia, esta diferencia es especialmente relevante. Una revisión puede haber sido realizada correctamente, pero si no existe respaldo suficiente, la organización tendrá dificultades para demostrarlo ante una auditoría, una fiscalización, una controversia contractual o una investigación interna.
Si quieres profundizar en cómo integrar estas revisiones a un procedimiento más amplio, puedes continuar con nuestro artículo Cómo implementar una política de debida diligencia de terceros en 5 pasos. La trazabilidad de la evidencia es una pieza de ese proceso: permite que las verificaciones no queden aisladas, sino que formen parte de una metodología consistente.
La evidencia digital adquiere valor cuando puede ser identificada, contextualizada, contrastada y preservada. No se trata solamente de demostrar que alguien consultó una fuente, sino de poder reconstruir qué información encontró, cuándo la obtuvo y sobre qué antecedentes fundamentó su decisión.
En definitiva, una organización no debería preguntarse únicamente qué documentos tiene archivados, sino si otra persona podría verificar, meses o años después, cómo se obtuvo cada uno y qué demuestra realmente.
Fuentes y referencias
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2002). Ley N.º 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma. Texto actualizado.
Dahlström, M., & Hansson, J. (2019). Documentary Provenance and Digitized Collections: Concepts and Problems. Proceedings from the Document Academy, 6(1), Article 8.
Guttman, B., White, D. R., Williams, S., & Walraven, T. (2022). Digital Evidence Preservation: Considerations for Evidence Handlers. NIST Interagency Report 8387. National Institute of Standards and Technology.
InterPARES Project. International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. Investigación internacional sobre autenticidad y preservación de documentos electrónicos.
InterPARES Project. How to Preserve Authentic Electronic Records: The Chain of Preservation.
Library of Congress. Data Integrity Management. Digital Collections Management Compendium.
Servicio de Impuestos Internos. Consultas y solicitudes: situación tributaria de terceros y verificación de documentos.
Tesorería General de la República. Verificación de la autenticidad de los certificados emitidos.
Dirección del Trabajo. Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Dirección del Trabajo. Certificado de Indisponibilidad Técnica del Registro Electrónico Laboral.



